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11 | Noviembre
Nerea Melgosa Vega
RECLUSIÓN PERPETUA PARA LA ENFERMEDAD MENTAL: OTRO GOLPE DEL PP A LOS DERECHOS

Una cosa es la Justicia y otra cosa muy diferente la interpretación que se puede hacer de ella en las diferentes leyes. Sobran los ejemplos, pero quiero traer aquí uno de los más recientes: el proyecto de la ley de modificación del Código Penal. Una reforma del Código Penal que, entre otras cosas, agrava el estigma hacia las personas con trastorno mental.

El nuevo texto legal vulnera al menos media docena de artículos de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cuesta creerlo en una sociedad democrática del siglo XXI, pero el anteproyecto de Código Penal que plantea el PP de Javier Maroto haya sido criticado por el sector de la salud mental al considerar que se establece una relación entre enfermedad mental y peligrosidad social. El futuro texto, según destacan las entidades de familiares y pacientes, contempla ingresos en centros psiquiátricos prorrogables sin límite de tiempo para personas con patología mental (esquizofrenia, trastorno bipolar) o por una discapacidad intelectual (Síndrome de Down, trastornos autistas) a las que se considere susceptibles de cometer nuevos delitos. Sólo por el hecho de padecer estas patologías, cualquier persona puede ser privada de libertad injustamente.

No es de extrañar que semejante propuesta haya levantado una fuerte oposición entre las principales asociaciones de pacientes y familiares, quienes califican el proyecto como un retroceso de “efectos hostiles” y “estigmatizantes” para una población especialmente excluida. La reforma vuelve a dar prioridad a la seguridad por encima de principios como los de reinserción y rehabilitación social.

Tenemos que tener en cuenta que en diferentes informes se constata que un gran número de personas con patología mental han estado encerradas en la cárcel. Con la ley vigente, si hoy en día una persona comete un delito y se le considera por motivos de salud mental no imputable (es decir, no responsable de sus actos), lo habitual es que se le asigne una medida de seguridad que consiste normalmente en el internamiento en un centro psiquiátrico en lugar de ir a prisión. Actualmente, el periodo de ingreso no puede ser mayor del que hubiera tenido que cumplir si hubiera ido a la cárcel por ese mismo delito. Y ese internamiento se debe cumplir en una instalación psiquiátrica penitenciaria.

Sin embargo, desde el nuevo estilo de gobierno que llegó con la mayoría absoluta, el PP contempla la posibilidad de que el encierro en uno de estos centros pueda ser perpetuo. Y la última palabra estaría en el juez, no en el psiquiatra. En principio, la reclusión no sería superior a cinco años -aunque el juez podría imponer esa duración incluso si la pena prevista fuera inferior- pero, una vez cumplida la duración de la medida, se abre la puerta a que un magistrado la pueda prorrogar por periodos sucesivos de cinco años, sin límite, si lo cree oportuno.

Esta nueva ley se ha redactado pensando en el perfil de un psicópata, en alguien que lo que sufre es un trastorno de la conducta, no un trastorno mental. Además, se parte de creer que un enfermo mental volverá a delinquir. Así que, según el PP, encerrándolo evitamos cualquier mal. En vez de ofrecer soluciones, se decide recluirlo de por vida. Se decide colocarlo en una situación de vulnerabilidad absoluta. Sin embargo, la mayoría de los casos de salud mental que conocemos tiene un tratamiento efectivo y los episodios de trastorno mental desaparecen o están controlados.

Por lo tanto, sin argumentos que la sustenten, esta reforma del Código Penal se justifica exclusivamente como parte del ideario del PP. No les importa que atente directamente contra los derechos de las personas. Están cambiando medidas de trabajo social por políticas de vigilancia y control, políticas que incluyen “quitar de la circulación” a las categorías sociales más desfavorecidas.

Es triste asistir a un modo tan mezquino de ahorrar dinero público y estructuras en la rehabilitación de las personas con enfermedad mental. Las políticas de rehabilitación debe costearlas el departamento encargado de la labor sociosanitaria, no el sistema penitenciario. En el fondo, lo que el partido del señor Maroto pretende es rescatar la antigua ley de vagos y de maleantes para que se vuelvan a llenar las cárceles de personas que en realidad necesitan otros recursos. Todos y todas tenemos en mente, por ejemplo, la residencia psiquiátrica de Las Nieves. No podemos volver a esos tiempos. Desde el Partido Nacionalista Vasco siempre hemos luchado por la igualdad y dignidad de todas las personas, mientras que el PP prefiere etiquetar, estigmatizar y quitar derechos.

El Código Penal de 1999 fue un gran avance y es suficiente para luchar con garantías contra la comisión de delitos. Sin embargo, un cambio como el que ahora se plantea es un retroceso evidente en el campo de los derechos y en el trato que se ha de dar a las personas con enfermedad mental. Paradójicamente, con su “receta” para el trastorno mental el PP solo consigue otro trastorno: el de los valores democráticos.

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Nerea Melgosa Vega

Nerea Melgosa Vega Concejal de EAJ-PNV en Vitoria-Gasteiz